Hace 106 años hablaba Hipólito Yrigoyen.

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Hipólito Yrigoyen 11 DE MAYO DE 1917 

AL ABRIR LAS SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL

EN DE MAYO DE 1917

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina

Buenos Aires, mayo 11 de 1917 

Sala de sesiones 

Al honorable Congreso de la Nación. 

Los arduos y complejos problemas que han absorbido la acción sin tregua del Poder Ejecutivo, encaminada a la vez a corregir hondas deficiencias administrativas que perturban la regularidad funcional del gobierno, no le han permitido reunir todos los elementos de información de la administración pasada, que debe elevar a la consideración de vuestra honorabilidad conjuntamente con los que se refieren a su gestión propia. 

No quiere, sin embargo, el Poder Ejecutivo retardar por esta causa la iniciación de las tareas del honorable Congreso, y prefiere inaugurarlas de inmediato, sin perjuicio de enviar en breve el men¬saje completo con la expresión de sus juicios y propósitos. [1] 

Entretanto, anticipo a vuestra honorabilidad que las graves dificultades de todo orden, que son de dominio público; han sido salvadas, por el momento, en forma altamente satisfactoria para la Nación, y ésta, tranquila y segura, dedica sus energías a una labor llena de esperanzas, contribuyendo a ella el Poder Ejecutivo en la medida de sus recursos propios, ya que le faltaron las instituciones y las leyes necesarias para llenar más eficientemente tan altos fines. [2] 

En uso, pues, de la facultad que confiere al Poder Ejecutivo el artículo 86, inciso 11, de la constitución nacional, declaro inauguradas las sesiones del honorable Congreso [3] deseando que la justicia y el patriotismo inspiren sus deliberaciones. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

HIPOLITO YRIGOYEN

R. Gómez 

__________

Buenos Aires, junio 30 de 1917. 

Al honorable Congreso de la Nación: 

Confirmando los términos del mensaje inaugural de las sesiones del honorable Congreso, presento a vuestra honorabilidad un estado sintético de la administración general de la Nación, en sus líneas más fundamentales. [4]

En las memorias de los respectivos departamentos encontrará vuestra honorabilidad mayores y más amplias informaciones. 

INTERIOR [5]

La República acaba de culminar su magno esfuerzo reparatorio con el primer gobierno legítimo surgido del comicio que fuera conculcado durante más de un tercio de siglo. [6]

Hemos llegado así a la plenitud de nuestros ensueños patrióticos para afirmarnos en la ruta que se prolonga infinita delante de nosotros. 

Con el dogmatismo absoluto, la República ha reconquistado sus poderes para conjurar los males, extinguir las anormalidades, corregir los errores y destruir el régimen más falaz y descreído de que ha ya mención en los gobiernos de las naciones. 

El pueblo argentino, en cruento como impertérrito embate, pudo aproximarse a las urnas apenas entreabiertas por la piqueta de sus empujes, y rescatando así una parte siquiera de sus propios escenarios [7], fue suficiente para imponer desde ellos los dictados de su opinión y las soluciones de sus derechos soberanos. 

Sin esas denodadas actitudes, la reparación no hubiera podido imponerse y el régimen habría dilatado su usurpación, llegando en su desborde a torcer las corrientes mismas de la historia y a comprometer las finalidades de la Nación. Así se fueron agravando incesantemente los males, y en escala descendente, nada se ha sustraído a su influjo; en lo político todas las transgresiones, en lo financiero todos los desastres, y en lo administrativo todas las irregularidades. 

Las sociedades no pueden desenvolverse regular y correlativamente, sino dentro de la exactitud de sus leyes morales y positivas. Cuando ellas son vulneradas, los efectos perturbadores que producen se extienden a todo el radio de sus entidades, y nada es más absurdo e irreverente a la razón y a la dignidad humana que la suposición de bienes y beneficios en tales situaciones. 

El pronunciamiento fundamental del pueblo argentino debe ser así, el primero de los postulados a realizar por el gobierno que me ha tocado presidir, ya que no he de defraudar sus sagradas imposiciones. Este ineludible deber que constituye uno de los más importantes capítulos de su misión, bastaría por sí solo para llenar y fecundar un período señalado por los sucesos y por las imposiciones del patriotismo. 

Un apostolado que comprendió en su ideología doctrinaria todo lo que fue el ensueño de sus inspiraciones, de la misma manera, definiendo los principios de sus abstracciones, debe hacerlos efectivos en las entidades constituidas para realizar el bien común y la grandeza de la obra se ha de medir por el cumplimiento y eficacia de sus propósitos. 

Desagraviada la Nación en su honor y restaurada su soberanía, corresponde proceder a su reconstrucción institucional y administrativa. [8]

La intervención a la Provincia de Buenos Aires, es el primer paso en el sentido de cumplir ese veredicto nacional, que fue siempre, sin intermitencia, ni vacilación alguna, condenatorio para todos los gobiernos de hecho.[9] Los que pretendan mantener preeminencias ilegítimas tendrán que reconocer su error, pues ante las sanciones de la República no existirán otras que las que consagra el derecho público. 

El problema no consiste en saber quiénes han de gobernar a la nación, sino en la recuperación de sus facultades soberanas para restaurar la legitimidad de sus representaciones públicas tal como lo ha impreso en sus estatutos, como lo ha grabado en su historia y como lo reclama su civilización y su cultura. La solución benéfica no está en el triunfo de determinadas fuerzas, sino en que sea la que fuere, lo obtenga justa y legalmente. 

Al realizar esta tarea, afrontando todas las lógicas consecuencias que parten de las complicidades de intereses prevalentes, que no se avienen al restablecimiento de la vida regular en el funcionamiento de los poderes de la nación, no hacemos sino ejercitar el mandato del pueblo argentino.- 

Creo firmemente, que no otra significación ha podido tener el imponerse la tarea del gobierno, desde que no existe ningún ciudadano cuya vida puede ser una definición más categórica de las doctrinas sustentadas y debe ser inconcebible para todos los juicios el renunciamiento por mi parte del credo de mis concepciones, que constituyó la orientación de toda mi existencia. 

Será, pues, uno de los primeros deberes de esta presidencia la terminación desde la alta razón de estado de la obra afrontada desde los estrados de la opinión pública, volviendo a los pueblos el ejercicio de su soberanía en toda la extensión del territorio nacional. 

Si fuera concebible la proposición contraria, habríamos frustrado las más caras esperanzas, y en vez de inaugurar una época que será de recordaciones históricas y de ejemplos imperecederos, habríamos concluido por adaptarnos al medio ambiente. 

Debemos partir desde las bases del derecho común, con el profundo convencimiento de que sólo a su amparo son posibles todas las conquistas de los progresos humanos. 

Suponer que pudiera cumplirse el veredicto nacional fragmentariamente, importaría no sólo descalificar a la reparación, sino que justificaría el pasado que acaba de caer definitivamente por medio del plebiscito de la opinión convocada con ese irrevocable objetivo. 

La obra institucional no puede ser otra, y el gobierno que presido no hará sino respetar la inviolabilidad sagrada de su mandato. Pensar que no sería sino un período más en la renovación hasta ahora perniciosa y efímera de los poderes, sería incurrir en la más inexplicable equivocación. 

El gobierno actual significa clausurar un ciclo de los más funestos extravíos, y la nueva época se caracterizará por una renovación esencial de todos los valores éticos y constitutivos. 

La Nación ha dejado de ser gobernada para gobernarse por sí misma, en la integridad augusta de sus preceptos fundamentales, y es desde esta armonía grandiosa de donde deben derivarse todos sus perfeccionamientos. 

Esta evidente realidad tiene, indefectiblemente, que ser auspiciosa a todos los órdenes de la vida nacional. 

Una moral política de la austeridad de la que ha sido sustentada, no circunscribirá sus efectos sólo a los gobiernos y a las entidades burocráticas y oficiales, sino que irradiará su acción dignificadora a todas las esferas y actividades. 

Tiene un significado tan profundo y una importancia tan vasta el cambio que acaba de operar la nación, que a medida que el tiempo ponga en perspectiva los acontecimientos en la confrontación de los períodos, sus relieves tendrán culminaciones insuperables, y los mismos prejuicios que hoy se condensan deberán reconocer la verdad, la razón y la justicia de sus soluciones al experimentar, cuando menos, sus eficiencias armónicas y comunes. 

Me explico -y bien previsto lo tenía- los ataques sistemáticos a todas las medidas, orientaciones y probidades del Poder Ejecutivo. Tales demasías tienen su filiación originaria y notoriamente conocida. Vienen de todo cuanto ha causado el desastre de la República, precisamente en el período que debió ser más fecundante, porque, ya constituida, no tenía más problemas a ventilar que los de su propio engrandecimiento. 

Pero no es posible declinar responsabilidades. El Poder Ejecutivo presidirá serenamente el desenvolvimiento de la Nación y seguirá su acción con toda la ecuanimidad y circunspección demostradas hasta aquí, sin apartarse en momento alguno de su plan prefijado. 

La labor se ha de llevar a cabo con la característica magnánima que la reparación plasmó en su apostolado. Durante el período más azaroso y regresivo de la historia patria, la protesta nacional se mantuvo impertérrita frente a los gobiernos detentadores, sin haberse desviado jamás de la línea de sus altiveces, sin prevenciones personales algunas. No discutió nunca individualidades determinadas, sino la común solidaridad del delito, desde el cual el régimen resistía las más justas y legítimas aspiraciones nacionales. 

No ha habido una escuela doctrinaria de moralidades más generosas que las que informan los anales de la contienda nacional realizada. Si desde la adversidad, cuando todos los caminos institucionales le eran cerrados, no cometió un solo acto que pudiera sombrear en lo mínimo su luminosa estela, hoy triunfante, rigiéndolos destinos de la República, no hará sino resplandecer esas calidades que nacen del fondo mismo de sus idealismos para ser resguardo y garantía de cuanto cubre el cielo de la patria. 

Apostolados de tan grandiosa significación de la vida de las naciones, por nobles que fueran, concitaron siempre coros de imploraciones como ecos de los derrumbamientos que debían producir. Ésa es la lógica humana y no nos quejamos de que se cumpla con nosotros. 

Dogmatismo invulnerable a todo cuanto se conjuró en su contra, que jamás declinara en lo mínimo de su férrea integridad, permaneciendo inmutable en medio de todos los vendavales que le arreciaron, su bandera límpida y pura, símbolo de la Nación, debía izarse en definitiva sobre su pedestal moral.[10] 

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO [11]

A pesar de las complicaciones ocasionadas por la guerra europea, la República cultiva relaciones amistosas con todos los estados, y es firme propósito de este gobierno mantenerlas en el mismo pie de perfecta cordialidad. La conflagración en sus múltiples derivaciones afecta al país, .pero es satisfactorio poder declarar que gracias a su actitud sinceramente prescindente, ha contado hasta ahora en la resolución de todas las incidencias con la consideración y la deferencia de los países beligerantes. 

Ha debido vencer serias dificultades para mantener incólume sus derechos de nación neutral; es grato comprobar que las ha dejado en todo momento a salvo, de acuerdo con los principios consagrados y las .exigencias de su propia soberanía. 

Por otra parte, el gobierno debía prestar su especial atención a la repercusión de la guerra en las relaciones políticas y económicas de la Nación con las grandes potencias beligerantes, y bajo ese doble concepto se ha encontrado absorbido en el orden internacional. 

El 31 de enero del año en curso, el gobierno imperial de Alemania notificó las nuevas medidas adoptadas por él para impedir el tráfico marítimo en las zonas de bloqueo que circundan a la Gran Bretaña, Francia e Italia y la parte oriental del Mediterráneo, expresando que habrían de alcanzar a los buques de cualquier nacionalidad. 

El gobierno se apresuró a contestar dicha notificación manifestando -que ajustaría, como siempre, su conducta a las normas y principios fundamentales del derecho internacional, normas que en su concepto, desconocía la notificación del gobierno alemán. 

Declarado más tarde y notificado por los Estados Unidos de Norte América el estado de guerra con Alemania, el gobierno argentino, de acuerdo con los principios adoptados, y teniendo en cuenta los fundamentos morales y jurídicos que sostenía esa declaración, entendió que debía definir la actitud de la nación en su carácter de potencia neutral. 

Por ello, acusó recibo de la comunicación de los Estados Unidos, haciendo presente, al propio tiempo, a su gobierno que reconocía “la justicia de su resolución en cuanto ella se fundaba en la violación de los principios de neutralidad consagrados por reglas de derecho internacional que se consideraban conquistas definitivas de la civilización”. [12] 

Por idénticos motivos, dio análogas respuestas a los gobiernos de Cuba, Brasil y Bolivia, al comunicar el primero haberse proclamado el estado de guerra con Alemania, y los otros dos la ruptura de sus relaciones diplomáticas con el mismo imperio. 

Había significado en esa forma el gobierno, su concepto de los derechos respectivos de beligerantes y neutrales cuando ocurrió el hundimiento, por un submarino de la armada imperial alemana, del velero .argentino “Monte Protegido”. [13] 

Afectados así los derechos de la República, el hecho se presentaba con caracteres de suma gravedad, dado los antecedentes, que existían y que le hadan aparecer como realizado por Alemania, en virtud de facultades que ella se atribuía. 

Practicadas las averiguaciones pertinentes, y conocidos los pormenores del hecho por las declaraciones concordantes prestadas por el comandante y la tripulación del “Monte Protegido”, se estudió minuciosamente la situación jurídica, y el gobierno, compenetrado de la justicia de su causa, presentó la reclamación diplomática correspondiente. [14] 

Es altamente satisfactorio informar a vuestra honorabilidad, que el gobierno alemán se apresuró a reconocer la reclamación anunciada, manifestando estar dispuesto a satisfacer la reparación del daño causado. Expresó al propio tiempo sus sentimientos de pesar por la pérdida de dicho buque, con la declaración de que, en la primera oportunidad, salvada la imposibilidad que a ello se opone en los momentos actuales, haría saludar al pabellón nacional por la escuadra imperial. 

El gobierno aceptó las explicaciones así acordadas, en cuanto ellas reconocían la plenitud de derecho de la República, y satisfacían la reclamación en todos sus términos, y más tarde quedó convenido con el gobierno alemán el nombramiento de una comisión de arbitraje constituida por un representante de cada gobierno. 

Posteriormente ha ocurrido el hundimiento del velero “Oriana”[15]. Y del vapor “Toro” [16] respecto de cuyos hechos nada se puede adelantar hasta tanto se reúnan todos los antecedentes. 

El primer incidente, salvado en forma tan honrosa para el prestigio -de la República, ha servido para demostrar a propios y extraños la alta consideración de que ella goza y la importante situación que ha sabido adquirir en el concierto internacional, a base de una conducta franca y abierta en el sostenimiento de sus relaciones exteriores. 

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El gobierno ha considerado que los pueblos de América, vinculados por identidad de origen y de ideales, no deben permanecer aislados unos de otros, ante la actual convulsión universal, sino congregarse a efecto de uniformar opiniones y coordinar en lo posible el pensamiento común en la situación por que atraviesa el mundo.[17] 

La idea emitida ha encontrado acogida favorable. Las quince naciones que la han aceptado hasta ahora han demostrado que la totalidad, por decirlo así, de los gobiernos americanos, coinciden en ese propósito, y en sus alcances futuros para crear vínculos de solidaridad que han de ligar a las naciones de América para el bien de la paz y de los intereses comunes. Este último resultado satisfaría por sí solo las aspiraciones de este gobierno, para quien, la armonía de los estados americanos, constituye un ideal político y un propósito al que prestará su preferente atención.[18] 

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Con esta misma aspiración de armonía, encuadra la solución definitiva de las cuestiones de límites que se encuentran pendientes. 

A tal fin, el Poder Ejecutivo ha resuelto abordar dichas cuestiones, y no duda que ante el espíritu amistoso y justiciero que lo guía, y que anima igualmente a los gobiernos interesados, ha de ser fácil llegar a acuerdos satisfactorios. 

Entra también en los propósitos del gobierno propender a la conclusión de tratados de arbitraje con todas aquellas naciones amigas, a las cuales no estuviese aún ligada por esos pactos, considerando que ellos son instrumentos en alto grado beneficiosos para la solución de posibles conflictos y el estrechamiento de relaciones económicas y sociales. 

Con fecha 4 de octubre de 1916, el gobierno anterior dejó definitivamente concluido el tratado de arbitraje con la República francesa, que se firmó en esta capital el año 1914. Y ha tocado a este gobierno la satisfacción de canjear igual tratado con el reino de España. 

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Es una de las aspiraciones de este gobierno propender al mayor desarrollo de las relaciones económicas del país, con las naciones extranjeras; y con ese fin procederá a la revisión de los tratados y a la conclusión de otros nuevos, valiéndose, a la vez del concurso personal del cuerpo diplomático y consular. 

Ha de introducir, para el mejor logro de sus propósitos, serias modificaciones en las funciones de dichos cuerpos, entendiendo, respecto de los diplomáticos, que sus actividades no deben limitarse a la parte política o protocolar, sino extenderlas a las cuestiones económicas, que constituyen en la actualidad la base de las buenas relaciones de los pueblos. 

En el deseo de dar forma práctica a esas miras, piensa el gobierno encomendar funciones propias a los jefes de misión. Dependerán a ese efecto de ellos, los funcionarios del cuerpo consular, y con tal colaboración conveniente quedarán constantemente enterados del movimiento económico del país. 

Al propio tiempo dispondrá el Poder Ejecutivo una remoción de las sedes consulares, modificando las representaciones para trasladarlas a jurisdicciones que por su importancia política, o por su intercambio comercial, puedan reportar mayores beneficios. 

Si bien guía al Poder Ejecutivo en estas reformas un criterio de economías severas no ahorrará, sin embargo, servicios que puedan beneficiar los intereses del país. Y así, considerando que debe extender su acción ante los gobiernos americanos y ser representada en todas esas naciones amigas, propenderá a la creación de nuevas legaciones donde lo juzgue necesario. 

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Su excelencia el rey Alfonso XIII, deseoso de acrecentar la amistad tradicional que caracteriza las relaciones existentes entre la Argentina y España, resolvió elevar al rango de embajada su representación diplomática permanente ante este gobierno. 

El gobierno argentino, por su parte, deseoso de retribuir esa cortesía y de conformidad con la autorización que le diera la ley, procedió también a elevar al mismo rango la categoría de su representación. [19] 

Los actos protocolares producidos con motivo de la presentación de las credenciales de los respectivos embajadores, constituyen una demostración palpable del grado de cordialidad a que han llegado las relaciones entre ambos países. 

Debo recordar la demostración de que fuera objeto la República por parte de los gobiernos del Brasil, Chile, Uruguay, México y Paraguay, los que con motivo de la transmisión del mando acreditaron embajadores extraordinarios y plenipotenciarios en misión especial. 

Es altamente satisfactorio para este gobierno dejar constancia del agradecimiento del pueblo argentino por el envío de esas misiones especiales que en forma brillante y expresiva se asociaron a aquel gran acto político de la Nación, trayéndonos la palabra amistosa de los gobiernos, y de los pueblos a quienes representaban. 

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Me es grato anunciaros con respecto al Departamento de Culto, que la Iglesia argentina desempeña su alta misión por medio de los dignos prelados que la dirigen, manteniendo una completa armonía con el poder civil. 

Igual cosa sucede con el Vaticano, que ha tenido últimamente varias atenciones con el país, acreditando primero una misión especial para el acto de la trasmisión del mando el 12 de octubre de 1916 y elevando después a la categoría de nunciatura su representación en la Argentina. [20] 

HACIENDA [21]

No ha podido ser más intensa la labor desarrollada en este Departamento. Sabe el país la situación angustiosa y afligente en que el Poder Ejecutivo inició sus funciones en el orden financiero; no obstante lo cual es grato anunciar a vuestra honorabilidad que, salvadas todas las dificultades, se han llenado los compromisos sin demora, sin que haya sido menester recurrir a medidas extremas y sin menguar en lo más mínimo el crédito de la Nación.

Poco halagador era el cuadro que ofrecían las finanzas públicas el 12 de octubre de 1916. Las rentas venían sufriendo disminuciones considerables, sin que perspectiva alguna permitiera esperar una reacción inmediata. Este fenómeno no se presentaba recién: venía observándose desde mediados del año 1914, a pesar de lo cual los gobiernos anteriores no adoptaron medida alguna para evitar el desequilibrio que fatalmente debía resultar en el desarrollo de los presupuestos futuros. En lo que atañe a la hacienda pública la prodigalidad y la imprevisión ha sido invariablemente la norma de conducta de los gobernantes. 

La actual administración encontró atrasados los pagos, exhausto el tesoro; el crédito de que dispone el gobierno en el Banco de la Nación Argentina agotado, y el recurso de letras de tesorería llevado a sus últimos extremos. Se carecía igualmente de los fondos necesarios para el pago no sólo de la administración por el mes de octubre, sino también de gastos, sueldos, subvenciones y subsidios vencidos. 

Entre los compromisos más inmediatos, figuraba el de las letras de tesorería a favor de varios bancos de la plaza por ochenta y seis millones y medio de pesos con vencimiento al 21 de octubre, y luego el pago de cupones de la deuda pública. 

En la segunda quincena de diciembre vencían préstamos por más de 38 millones de pesos y además de las erogaciones ordinarias de la Nación, debía proveerse de recursos para satisfacer en ese mes, servicios impostergables de la deuda pública por 20 millones de pesos. 

Los préstamos a que se ha hecho referencia se renovaron a su vencimiento y para atender las demás obligaciones ordinarias y extraordinarias del tesoro fue indispensable el uso del crédito. 

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En el primer semestre de este año, han vencido obligaciones por valor de pesos 289.906.636,32, habiéndose renovado pesos 219.612.609,06 y pagado 70.293.727,26 pesos, con el importe de los nuevos préstamos obtenidos. 

El Poder Ejecutivo se apresuró a solicitar de vuestra honorabilidad en el mes de diciembre último, los medios necesarios para regularizar la situación financiera y que consistían en la autorización para emitir un empréstito de 250.000.000 de pesos oro, con cuyo producto debían ser consolidadas las deudas a corto plazo, las letras de tesorería y los créditos pendientes. 

Como en esa época resultaba factible la realización del empréstito se requirió de vuestra honorabilidad, a fines de enero [22], el pronto despacho del proyecto, pero todo fue infructuoso y quedó sin sancionarse. 

Perdióse así la oportunidad de consolidar la situación financiera; presentándose luego dificultades insalvables para hacer el empréstito, como resultado de la ruptura de las relaciones de los Estados Unidos de América con los Imperios Centrales. 

El Poder Ejecutivo ante esa situación se ha visto en serias dificultades para mantener incólume el crédito nacional y no entorpecer la marcha administrativa. 

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El ejercicio financiero de 1916, se ha cerrado con un déficit de 145.286.380,51 pesos, entre la suma calculada en el presupuesto y la que han producido los recursos. 

El rendimiento de éstos ascendió a pesos 254.786.285,74, y los gastos: ordinarios y extraordinarios llegaron a la suma de pesos 392.088.144,16. 

Ambas cifras comparadas acusan un déficit de pesos 137.301.858,42. Este déficit ha sido cubierto en parte con pesos 93.939.050,14 provenientes del uso del crédito y letras de tesorería, quedando un saldo de pesos 43.362.807,94 que adicionado al déficit de pesos 6.399.675,01 de años anteriores, se forma un total de pesos 49.762.483,01, cifra que representa la deuda exigible con que se inició el ejercicio de 1917. Durante los meses transcurridos del presente año se ha pagado gran parte de esos saldos. 

El presupuesto para el corriente año acusará un déficit considerable -debido a que las rentas producirán una suma muy inferior a la calculada. 

Si bien la diferencia entre la recaudación de las rentas durante los primeros cinco meses de este año comparada con igual período del anterior es sólo de 2.700.000 pesos en contra del corriente año, en cambio, Si se compara con la parte proporcional del cálculo de recursos del presupuesto resulta ya un déficit de más de 45 millones de pesos. 

Se ha procurado realizar economías en los gastos y tendiendo a esos fines se ha declarado por acuerdo de gobierno que la no provisión de los empleos vacantes y de los que vacaren en lo sucesivo obedece a razones de economía. 

Estas y otras medidas, conducirán a reducir el déficit del presupuesto en vigor. 

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Los datos estadísticos contenidos en los párrafos siguientes darán a vuestra honorabilidad una Idea del movimiento del departamento de hacienda en sus ramos principales. 

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA

Durante el año 1916 se han emitido títulos de deuda pública consolidada por valor de pesos 51.233.654,55 y amortizado por 30.527.988,77 pesos. 

La circulación de esa deuda al 31 de diciembre de 1916, sumaba pesos 1.242.484.830,25. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA

La circulación fiduciaria de la Nación ascendía el 31 de diciembre de 1916 a pesos 1.013.098.518,39. El 31 de mayo último a 1.013.124.869,78 pesos. 

En aquella fecha el oro en la caja de conversión, legaciones y Banco de la Nación llegaba a pesos 326.835.325,90 oro y el 31 de mayo a pesos 326.846.700,56. La garantía en oro del papel moneda en circulación representa el 73 por ciento. 

BANCOS

Al terminar el año 1916, los bancos teman en depósito 14.683.753 pesos oro, y pesos moneda naclonal1.623.686.469. Sus descuentos y adelantos sumaban pesos 9.498.119 oro, y 1.295.449.120 pesos moneda nacional, y las existencias en el país pesos oro 33.344.458 y pesos moneda nacional 624.310.410. 

El 31 de mayo último esas operaciones eran como sigue: depósitos pesos 17.518.861 oro, y pesos 1.766.968.694 moneda nacional; descuentos y adelantos, pesos oro 7.473.854 y pesos 1.349.527.413 moneda nacional; existencias en el país: pesos oro 61.126.544 y pesos 646.053.466 moneda nacional. 

De la comparación de estas cifras resulta que todas las operaciones bancarias han aumentado considerablemente en los cinco primeros meses del corriente año. 

COMERCIO INTERNACIONAL

El intercambio comercial durante el primer trimestre de 1917 arroja un saldo real a favor del país, de pesos 76.268.973 oro. Este saldo supera al obtenido en igual período del año anterior en 37.522.666 pesos oro. 

Las exportaciones han alcanzado, en los cuatro primeros meses, un valor de pesos oro 204.963.471 que supera al de igual período del año anterior en 39.771.352 pesos oro. 

Los precios de las importaciones han continuado en aumento, excediendo los de este año en 8,1 por ciento a los del año anterior. Tal suba ha sido en parte compensada para el país, con el mayor precio que adquirieron los productos de exportación. 

Todo lo que a la hacienda pública se refiera, merecerá la atención especial de este gobierno. 

La economía y las finanzas son la vida de la nación. Será obra patriótica el arbitrar los medios de desarrollar la producción, las industrias y el comercio y uno de los más sagrados deberes del gobierno la consolidación del crédito del país, sirviendo puntualmente las obligaciones del Estado, reduciendo la deuda, aumentando el fondo de conversión del papel moneda, y finalmente, procurando una legislación bancaria que de bases más sólidas a nuestras instituciones de crédito. [23] 

El Poder Ejecutivo se propone presentar de inmediato a la consideración del honorable congreso el proyecto de presupuesto de gastos para 1918, reduciendo en todo cuanto sea posible hacerlo, al mismo tiempo que las leyes impositivas de las cuales se pueda obtener efectivamente los recursos indispensables para cubrir esos gastos. 

JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA [24]

En el Departamento de Justicia e Instrucción Pública se ha empezado a ordenar y organizar todo, desde el detalle más insignificante hasta los asuntos de mayor importancia, pues salvo rarísimas excepciones, la característica ha sido la negligencia y el abandono en las funciones directivas. 

Es en esta tarea de reconstrucción en la que se encuentra empeñado el Poder Ejecutivo, para encauzar la vida administrativa dentro de las normas regulares de un buen servicio público. 

JUSTICIA

Convencido el Poder Ejecutivo de que así como deben ser buenas las leyes, deben también ser buenos los jueces, será su principal preocupación enaltecer la justicia, rodeándola de los altos prestigios de que debe estar revestida a efecto de que pueda llenar debidamente sus delicadas funciones, dado el concepto moral que corresponde a la trascendencia de su misión y al significado de sus responsabilidades. 

La administración de la justicia debe ser sabia, recta y rápida, condiciones indispensables para que ella sea la verdadera garantía de la vida, del honor y del patrimonio de los habitantes. 

Los establecimientos penales de la Nación, excepción hecha de la Penitenciaría Nacional y del presidio de Tierra del Fuego, no llenan los fines a que están destinados debido a su deficiente organización y a la absoluta falta de condiciones de los edificios que ocupan, los que ni siquiera tienen la capacidad necesaria para responder al aumento siempre creciente de su población. 

Es urgente, pues, la sanción de leyes que resuelvan de una vez el problema carcelario de acuerdo con las exigencias científicas de la época, para llegar a la reforma del delincuente por la educación que dignifica y el trabajo que ennoblece. 

El Poder Ejecutivo, mientras tanto, trata de salvar estos graves inconvenientes mediante la adopción de medidas transitorias que pongan a las cárceles y demás establecimientos de corrección en las condiciones de higiene y seguridad requeridas. [25] 

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Es asimismo indispensable proceder a la sanción del proyecto del Código Penal, sometido a la deliberación de vuestra honorabilidad, que unifica las leyes penales de la nación y que contiene las bases esenciales de la reforma como son las instituciones nuevas de la individualización del delito y de la pena, la condena y la libertad condicional. 

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La Colonia Nacional de menores varones de Marcos Paz, fundada para la reclusión y asilo de menores abandonados y encausados, no responde a los altos propósitos para que ha sido creada, dada la forma inconveniente de su organización. Como la capacidad del edificio no permite recibir a todos los menores que deben ser recluidos y como la afluencia de los mismos es cada día mayor, se procura activar la terminación de los nuevos pabellones que se construyen, dando a esta institución al mismo tiempo que su carácter moralizador, las benéficas eficiencias de la instrucción y del trabajo práctico, de tal manera que se convierta en un verdadero reformatorio. [26] 

Colocado este establecimiento en condiciones de satisfacer ampliamente los nobles fines que se persiguen, habrá llegado el momento de sancionar leyes protectoras de la infancia y de previsión de la delincuencia infantil que modifiquen las vigentes sobre patria potestad y de dictar otras disposiciones igualmente importantes, cuya necesidad se hace sentir. 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA [27]

El Poder Ejecutivo dedicará a esta importantísima rama de la administración todo el decidido empeño que reclama su desarrollo progresivo y su inteligente perfeccionamiento. 

La educación pública constituye una de sus primordiales preocupaciones, porque considera que del fomento de la misma depende, principalmente, el porvenir y la grandeza de la Nación. 

Debemos cumplir el mandato constitucional que nos impone la obligación de proveer lo conducente a la difusión de la cultura general, dictando los planes adecuados y uniformes que organicen de un modo permanente la enseñanza en el país, señalándose su verdadera orientación de acuerdo con sus fines esenciales. 

La instrucción general a que se refiere la Constitución es primaria y secundaria; tanto la una como la otra serán objeto de la especial atención del gobierno, sin que ello importe descuidar la cultura superior. 

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La poderosa y decisiva influencia que ejerce la instrucción primaria en los destinos de la civilización humana, no se discute ya, y en consecuencia, ella debe ser fundamental para la vida de la República. . 

Hay que combatir sin descanso contra el analfabetismo, cuyas alarmantes cifras es indispensable reducir rápidamente, llevando la escuela a todo el territorio de la Nación y en especial a aquellas regiones menos favorecidas por los elementos de vida y de medios adecuados para concentrar su población escolar dispersa. A tal efecto, se ha autorizado al Consejo Nacional de Educación para fundar 643 escuelas primarias, distribuidas en la capital, provincias y territorios, haciendo uso de la partida sancionada para esos fines por el honorable Congreso. 

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Mediante el decreto del 22 de febrero último, los colegios nacionales, escuelas normales, industriales, de comercio y demás institutos de enseñanza especial, han conseguido regularizar su desenvolvimiento, ajustándose a la organización vigente antes de 1916, y quedan a la espera de la ley que consolide su funcionamiento con la vigencia legal de planes de estudios y leyes equitativas tendientes a la estabilidad y mejoramiento de la enseñanza y del profesorado. 

Con el propósito de asegurar la implantación en el país de una enseñanza eminentemente práctica, el Poder Ejecutivo ha tomado las medidas pertinentes para proceder, sin demora, a la fundación, en cada una de las provincias que aún no las tienen de las escuelas de artes y oficios autorizadas por el presupuesto y reclamadas, con justicia, por los jóvenes que no han de seguir estudios superiores. [28]

La creación de estas escuelas es indispensable para impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de los oficios e industrias nacionales, que consulten mejor las producciones y las peculiaridades económicas de cada región, formando el obrero hábil, el operario mecánico consciente e inteligentemente preparado para incorporarse de inmediato a la labor común. 

Por lo que respecta a la instrucción superior, cabe llamar la atención sobre las partidas globales que se fijan en el presupuesto para su sostenimiento, hecho que a juicio del Poder Ejecutivo implica una verdadera delegación de las facultades que por la constitución corresponden exclusivamente al Congreso. 

Siendo las universidades corporaciones eminentemente científicas y factores eficientes del progreso general, no pueden, sin desnaturalizar su propia esencia, emanciparse del control superior del estado en tanto subsistan de asignaciones del mismo. 

GUERRA [29]

El Ejército ha constituido un exponente de la más alta cultura y la mayor garantía de seriedad y orden, puestos de relieve en los acontecimientos de distinta naturaleza en que, directa o indirectamente, le tocó actuar. Esta conducta ha determinado que los pueblos se disputen la permanencia de los regimientos y que muchos de ellos hayan significado el deseo de contar con guarniciones de carácter permanente, ofreciendo toda clase de facilidades para la instalación de las tropas. 

Las divisiones del Ejército e institutos militares desarrollaron su programa anual de instrucción sin entorpecimientos, efectuando al final las ejercitaciones prácticas correspondientes. 

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La aplicación de la “Ley de cuadros y ascensos número 9675”, obligará al Poder Ejecutivo a retirar administrativamente 38 oficiales y a dejar 21 fuera de cuadro. Y como por mandato imperativo de la mencionada ley a cada ascenso corresponde un retiro, al aplicarla por segunda vez, a fin del año en curso, habrá necesidad de alejar de las filas del Ejército otros 63 oficiales, de los cuales 54 pertenecen a la jerarquía de general de brigada a mayor. 

Basta la enunciación de estas cifras, para demostrar los perjuicios que la aplicación de la ley 9675 durante un número indeterminado de años, puede llegar a producir a los intereses generales del país y particulares del Ejército. 

Por otra parte, es exorbitante el recargo que produce la ley actual al presupuesto general de gastos de la nación; la ley anterior producía, término medio, 35 retiros anuales; la actual, casi los duplica por las facilidades que acuerda para el retiro en determinadas condiciones. El año próximo pasado se han acordado cuatro retiros con el grado de teniente general, uno con el de general de división, trece con el de general de brigada, y tres con el de coronel, haciendo un total de 21 oficiales superiores. 

Es en virtud de estas consideraciones y por estimar que los cuadros que la ley 9675 establece, sólo satisfacen, en parte, las necesidades del Ejército en tiempo de paz, que se ha nombrado una comisión especial para que estudie y proyecte una nueva ley orgánica militar. 

La comisión nombrada al efecto ha creído conveniente y necesario a los intereses del Ejército, utilizar como base en la realización de su trabajo los principios consagrados por las leyes militares en vigor, cada vez que los mismos, por los resultados alcanzados en su aplicación, permitieron dar al Ejército la organización, reclutamiento y situación moral que el país tiene el derecho de exigir de éste en garantía de su defensa y como consecuencia de su progreso político, social y económico. 

De acuerdo con este temperamento, hubiera podido limitar su acción a proponer una planilla de modificaciones a aquellas disposiciones que considerase incompatibles con las necesidades más urgentes del Ejército, pero correlacionando los resultados que permitían prever la influencia de las mismas y ante la necesidad de que el conjunto resultare armónico y de acuerdo con los principios fundamentales que deben servir de base a la organización de un ejército moderno, se ha visto obligada o encarar con toda amplitud el trabajo que le ha sido encomendado, partiendo del concepto de que, tratándose de una ley orgánica militar, los resultados preestablecidos en la misma sólo se podrán alcanzar por la acción del tiempo y la continuidad de su aplicación. 

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El Estado Mayor General ha sido reorganizado. 

La principal modificación introducida, es la facultad de inspección acordada al Jefe del Estado Mayor. 

Es indudable que el jefe encargado de la preparación del Ejército para la guerra, a quien le están confiadas la organización, los transportes, la dirección de las maniobras en casos determinados y todo lo que es fundamental para el Ejército, tenga a la vez facultades para inspeccionar; únicamente así, estará en condiciones de ver si los reglamentos, la instrucción y las disposiciones referentes a la preparación para la guerra, se cumplen uniformemente en todo el Ejército y de proyectar resoluciones para que el Ministerio, única autoridad de comando superior inmediata, pueda ordenar en cada caso que crea conveniente, las medidas necesarias para corregir errores, subsanar deficiencias y tomar resoluciones para el mejoramiento de los servicios y comandos del Ejército. 

Habrá así un órgano único, encargado de la preparación del ejército, que es el Estado Mayor y uno único de comando, que ordena directamente a tropas y reparticiones, que es el Ministerio de Guerra. 

El carácter de la misión y la responsabilidad que se atribuye al Cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército exigen que el oficial designado para desempeñarlo, tenga una suficiente estabilidad en su puesto. El reemplazo de esta autoridad esencialmente militar y ajena a toda representación política y administrativa del Ejército, no estará subordinada a las alternativas en la autoridad superior, sino a las necesidades del servicio. 

Se crea el escalafón de Estado mayor, en el que figurará el número limitado de jefes y oficiales considerados especialmente aptos para esas funciones, elegidos entre los actuales oficiales de Estado Mayor y los egresados con diploma de la Escuela Superior de Guerra. 

El Estado Mayor continúa perfeccionando los trabajos existentes que se relacionan con la organización, transporte y movilización del Ejército, así como la confección del mapa nacional al millonésimo, el de vías de comunicación y la carta topográfica del país. 

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La gran extensión del territorio, el crecimiento del país y las necesidades del Ejército, obligan a pensar seriamente en la descentralización de los servicios administrativos de modo que cada división fomente y capacite la industria y mano de obra local para sus necesidades. 

Se persigue el problema de proveer al Ejército de ganado nacido y criado en los Haras del Estado. El ganado provisto a las unidades provino del Jockey Club y campos de remonta, pero en cantidad insuficiente para satisfacer todas las necesidades. Me es grato anotar el movimiento patriótico y generoso de que dieron ejemplo los hacendados del país tendiente a dotar a nuestros regimientos del número de caballos que necesitan. 

Se evidencia, además, la necesidad de allegar mayores recursos para acumular todos los elementos necesarios a la movilización del Ejército de primera línea y sus correspondientes reservas. 

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La Dirección General del Material, de quien dependen los arsenales de guerra, ha respondido al fin para el cual ha sido creada. 

Las medidas y resoluciones que ha provocado, tendientes a acrecentar la capacidad de producción de los arsenales y la movilización del material han resultado altamente beneficiosas. 

La mayor parte de los elementos de guerra han comenzado a ser construidos en el país, utilizando materia prima nacional. 

Se está en vías de resolver el problema de independizar la fabricación de los elementos de guerra, de la industria extranjera. 

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Desde ese punto de vista sanitario, el año transcurrido se ha señalado por la creación, reforma o iniciación de servicios que responden a criterios y organización importantes e influirán no sólo en el desarrollo general del funcionamiento sanitario, sino también en la preparación del personal de reserva. 

Se ha creado la Escuela de Sanidad Militar. Este Instituto está llamado a prestar servicios considerables y en realidad será el instrumento más eficiente para la preparación del personal superior técnico, tanto del servicio activo como del de reserva. 

Los suministros de material sanitario han ofrecido especial dificultad por el estado de la plaza, que sólo ofrece artículos encarecidos considerablemente y en condiciones sumamente irregulares en cuanto a su provisión. 

Recién en el corriente año podrá obtenerse el beneficio indudable de una economía bastante importante, con la compra de elementos de sanidad en los Estados Unidos de Norte América. 

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Es urgente también modificar las leyes y reglamentos de justicia en armonía con los elementos que constituyen las instituciones armadas de la nación, procurando que exista mayor equidad entre la calidad de las faltas y las penas correspondientes y dando mayor facultad a los comandos de tropa para la corrección inmediata de faltas que por el código militar se elevan a plenario y se someten a la competencia de los consejos de guerra. [30] 

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Se evidencia la necesidad de aumentar las unidades de caballería, constituyendo desde ya los núcleos de las divisiones de esa arma especial. Se han tomado, además, las disposiciones del caso para formar los terceros batallones de los regimientos de infantería, las baterías que faltan para el completo de los regimientos de artillería y de los batallones trenes. 

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Es satisfactorio poder expresar que el material, armamento y ganado se mantiene en forma de responder a las necesidades.

Finalmente, fuera de los casos aislados en que ha intervenido la justicia militar, no se ha producido ningún hecho que pueda ser considerado como germen de flojedad en el espíritu de disciplina y abnegación características de nuestras tropas. 

Por su parte, todo el personal coopera intensa y eficazmente en pro del progreso y adelanto del Ejército. [31] 

MARINA [32]

El gobierno ha considerado deber de patriotismo atender desde su principio con preferente atención esta rama de la administración, ya que ella se vincula tan de cerca a la seguridad nacional. Contrario a todo espíritu belicoso y convencido de que la paz es el mayor beneficio, entiende que el medio más eficaz a su mantenimiento, es prepararse para imponerla. 

El ejemplo que nos brinda la parte más civilizada de la humanidad en los momentos actuales, es antitético al desarrollo de ideas que como la del “Desarme total” o la “Limitación de armamentos” ocupó por mucho tiempo las actividades de la diplomacia. 

Es, pues, inspirado en estos propósitos que se ha estudiado el estado de nuestra Armada y los medios tendientes a su mejoramiento para que ocupe un rol de primera línea, como le corresponde en esta parte del continente. 

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Al iniciarse la administración actual se pusieron de manifiesto fallas y defectos de organización que paulatinamente se van corrigiendo. Estas fallas y defectos no se limitaban solamente a las condiciones del material flotante con la falla casi absoluta de elementos para su cuidado y conservación, sino que también afectaban al personal, especialmente el subalterno, pues en algunas especialidades se encontraba el escalafón cerrado por figurar alrededor de 300 empleados civiles ocupando puestos técnicos que no desempeñaban. 

Este estado de cosas ha desaparecido ya, con ventaja evidente para el servicio. 

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El no cumplimiento de la ley de presupuesto del año 1912 ha sido causa de que la Armada se encontrara, al iniciarse el gobierno actual, con una cantidad de combustible tan pequeña que hace muy difícil el desarrollo completo del plan de instrucción que debía ejecutarse en este período. 

Las partidas destinadas a aprovisionamiento general, víveres, etc., se hallaban también agotadas al finalizar el tercer trimestre del año pasado y todavía con pedidos de créditos suplementarios hechos a vuestra honorabilidad para el pago de obligaciones por los conceptos mencionados. Esta situación se va regularizando a pesar de las circunstancias anormales por que atravesamos, y el problema estaría ya resuelto si cantáramos con mayor número de transportes tanto para la importación de combustible como de los materiales que se adquieren en el exterior. 

Vuestra honorabilidad contribuirá eficazmente a esta tarea, en que el gobierno está empeñado, dándole los medios para aumentar su bien insignificante y anticuado material de transportes, iniciando así la base de nuestra futura Marina Mercante Nacional. 

Algunos otros inconvenientes apuntados en la memoria serán eliminados en breve, cuando vuestra honorabilidad apruebe los proyectos que se presentarán a su consideración, tendientes a adquirir los elementos que la escuadra necesita para completar su capacidad militar, así como los transportes y buques auxiliares que le son indispensables. Hay que establecer fábricas que provean en el futuro gran parte de nuestro material bélico; dotar a los arsenales de todo aquello de que han menester; habilitar en nuestra dilatada costa puntos de apoyo de que ahora carece la escuadra, y en una palabra, hacer que nuestro poder naval sea realmente eficaz, no tanto por el número de sus unidades, sino por la organización de sus servicios y el espíritu que anime a los encargados de utilizarlos. 

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Felizmente, el país cuenta para llevar adelante la obra de reparación nacional que se ha iniciado, con un núcleo de oficiales distinguidos y preparados, deseosos de trabajar, y que, como buenos ciudadanos, no han de escatimar su patriótico concurso. 

AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIAS [33]

En un país como el nuestro, de grandes extensiones inexplotadas en que la riqueza agraria será por mucho tiempo la base de su estabilidad económica, el Ministerio de Agricultura debe desenvolver la más intensa acción de gobierno posible en su doble aspecto de dirección de las industrias y de difusión científica de los métodos. Es necesario impulsar el trabajo nacional encauzándolo en sus principios, secundándolo en sus esfuerzos y colaborando incesantemente con él para dar al país la robustez económica que ha de resolver sus problemas fundamentales. El Ministerio de Agricultura en la acción dislocada de sus múltiples elementos, no ha respondido a estas exigencias. Su gestión meramente burocrática no ha podido satisfacerlas. Es indispensable llevarlo en lo que a la industria agraria se refiere a vivir la vida de las campañas, haciendo que se identifique con los trabajadores rurales, tutele sus intereses y propenda a su defensa. 

Para que esta acción directriz y científica se infiltre en nuestras poblaciones rurales, es menester que ellas se sien tan estrechamente vinculadas a este departamento, le consideren su protector constante y busquen su intervención y sus consejos en las vicisitudes y conflictos. 

La nueva organización que se inicia responde a esas exigencias; se ha establecido la correlación de servicios entre todas las ramas; se ha concentrado los institutos científicos y unificado su acción para la mejor divulgación de los conocimientos, destacando .además en el interior un número de técnicos que hasta ahora realizaban funciones burocráticas. 

El aumento desproporcionado de la población en las ciudades, que ha permanecido casi estacionario en las campañas, indica una perturbación seria en las actividades rurales. La escasez del colono propietario se ha ce sentir cada vez más, comprobándose que en una superficie de 83.660.000 hectáreas que forman la región especialmente agrícola, no alcanza el 30 por ciento el número de las explotaciones en manos de propietarios; confirmándose la ley económica: que cuando crece la gran propiedad en proporción aritmética, crece la emigración rural en proporción geométrica. 

La situación del colono no ha mejorado sustancialmente a pesar de nuestro progreso agrícola, siendo múltiples las causas que determinan este estancamiento. Uno de los factores principales que afecta el éxito de sus actividades, así sea agricultor ocasional o profesional extranjero, es el desconocimiento del medio. Los sistemas y métodos de trabajos eficaces en su patria no lo son en este país, más extenso y de clima diferente. Las consecuencias de este hecho, repetido en millares de casos y en millares de puntos de la República, son múltiples y desgraciadas. El error comienza en la mala elección de las tierras en que establecen sus cultivos, en la insuficiente roturación del suelo, en el escaso uso de fuerza motriz, en la impericia de sembrar grandes extensiones, por ser incapaz de hacer rendir las pequeñas, en el cultivo unilateral que no protege sus cosechas contra las posibles contingencias de la naturaleza. Y la finalidad común es el rendimiento desproporcionado al esfuerzo y el desarrollo consiguiente. La falta de crédito agrícola cómodo, ampliamente difundido, por intercambio directo entre el banquero y el colono, contribuye igualmente a dificultar su acción. Este fracaso en el esfuerzo conduce fatalmente a la despoblación rural y la formación de grandes: propiedades aplicadas a otras industrias que no llenan necesidades esencialmente agrícolas. [34]

El gobierno ha de propender a modificar esta situación, introduciendo reformas que ensanchen el medio, mejoren la situación del colono, acrecienten y fijen la población y combatan la actual tendencia al urbanismo. 

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Respondiendo a estos propósitos, el Poder Ejecutivo tiene sometido a vuestra honorabilidad, conjuntamente con los otros proyectos de carácter financiero, un sistema de colonización mixta, cuya aplicación debe dar en nuestro país los benéficos resultados alcanzados por reformas semejantes, en los pueblos más adelantados. Éstas traerán a la vez un mejoramiento en la condición de las poblaciones urbanas que no han de alcanzar el abaratamiento del pan, por el abaratamiento del trigo, sino por el aumento de la capacidad productiva, ya que toda sana política económica reposa en un fenómeno de producción más que de economía. 

Con los mismos propósitos de orientar y llevar su concurso al trabajo nacional, él Poder Ejecutivo decidió, en presencia del desastre agrícola y de la demanda de cereales en el exterior, iniciar una activa campaña aconsejando a los agricultores intensificaran el cultivo del trigo, en la mayor proporción posible, favoreciendo con ello sus propios intereses, propendiendo al progreso nacional y haciendo obra patriótica y humanitaria. Arbitró, además, los recursos necesarios para proporcionar semillas a los colonos, asegurando así la existencia de la próxima cosecha. [35]

Esta operación de suyo delicada, es realizada por comisiones respetables que con celo patriótico repartieron en forma metódica y eficaz, en medida no alcanzada hasta ahora, la cantidad de 68.872 toneladas de trigo para siembra de 1.150.000 hectáreas y 10.640 toneladas de lino para siembra de 234.000 hectáreas, lo que implica un desembolso de catorce millones de pesos, beneficiando a 20.320 colonos, que, a no mediar esta ayuda, habrían quedado sin recursos para hacer producir sus tierras. Estímase, por otra parte, que el área sembrada de trigo alcanzará a 8.000.000 de hectáreas. 

En previsión de las invasiones periódicas que azotan nuestra producción agrícola, se ha iniciado desde ya la campaña de invierno con el propósito de contenerlas o disminuirlas, aplicando a la vez medios biológicos y científicos que puedan llevar en su ensayo el descubrimiento de algún sistema de eficacia absoluta, y el Poder Ejecutivo piensa que será necesario la aplicación estricta de las leyes en vigor para obligar a las poblaciones mismas a combatir esas plagas, considerando que la acción del gobierno debe ser preferentemente de asistencia y de compulsión. 

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Se ha iniciado asimismo una campaña vigorosa de saneamiento contra la plaga de la garrapata, cuya extirpación permitirá incorporar a la región libre de flagelo campos feraces donde puede desarrollarse con amplitud nuestra ganadería. 

Se difunden igualmente conocimientos de zootécnica para alcanzar la selección de los productos y el fomento de razas regionales, tendiendo al desarrollo de otros tipos conforme a las exigencias de los nuevos mercados, de carnes que se ofrecen ya con más amplitud a nuestra producción ganadera. 

Todo hace pensar que la cesación del desastre armado determinará una gran demanda por parte de las poblaciones europeas que necesariamente han de concentrar sus actividades a la producción fabril. 

Con el mismo propósito de impulsar el progreso ganadero, fue abierto últimamente el puerto de Itá-Ibaté, que contribuirá a dar vida a esa importante región de Corrientes. 

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La enseñanza agrícola que debe marcar etapas progresivas en el adelanto de la ciencia agraria, caracterizará su acción práctica por un mayor desarrollo de su gestión extensiva; reducirá las teorizaciones y agregará a la difusión de industrias regionales, la de otras nuevas que constituirán el complemento y la defensa de éstas. Será llevada de acuerdo con la reorganización que se efectúa a las poblaciones rurales, proporcionando al labrador las indicaciones útiles y los resultados definitivos de experiencias adquiridas, y alcanzará a la infancia misma, en clases primarias de agricultura, dándole conocimientos que encaminen sus actividades ulteriores a los trabajos del campo, evitándose así, en lo posible, la tendencia emigratoria hacia los centros urbanos. El hogar agrícola ha de establecerse dentro del hogar mismo de los labradores, desenvolviendo la enseñanza doméstica que ha dado resultados en otros países. La chacra experimental será la base esencial de la difusión de nuevos métodos para los alumnos y el aprendizaje práctico e indispensable. 

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El momento internacional ha sido propicio para advertir en el país las deficiencias de nuestras industrias y la falta de un criterio directivo en la materia. Ante la situación planteada por la guerra y aislada por primera vez, sin recursos de ciertos artículos extranjeros, se sintió la nación fuertemente desorientada. Se vio en esa hora de angustia, que la participación del capital exterior en nuestra vida económica -no obstante haber sido tan benéfico- no había resuelto nuestros problemas vitales de la manera que lo exige toda nación soberana. Y falta aquí, en medio del fácil y aparente bienestar, esa noción de interés nacionalista que el gobierno entiende sostener y difundir. 

La situación difícil de algunas de las industrias nacionales se debe en parte a la falta de mercados exteriores y aun al desconocimiento de los propios centros de consumo interno. Con el objeto de abrir nuevas vías a la colocación de productos, el Poder Ejecutivo ha estudiado el mercado del Brasil, y se desprende de los informes que es altamente propicio para la colocación de nuestros vinos y frutas. Preocúpase igualmente de establecer una exposición constante de productos nacionales, a fin de que su conocimiento pueda llevar a la descentralización, circulando directamente los artículos del productor al consumidor. La congestión actual en las principales ciudades desde donde irradian a los distintos puntos del país, se traduce en encarecimiento, recargo de transporte y disminución de los consumos. 

Es necesario igualmente, reforzar la situación económica de provincias que, como las de Cuyo, se dedican a la explotación de una industria exclusiva, soportando como consecuencia crisis intensas que podrían evitarse, orientándolas hacia el establecimiento simultáneo de industrias de otra índole que, como la granja y sus similares, son de -fácil adaptación en regiones de riego. 

El Poder Ejecutivo ha adoptado medidas destinadas a encaminar en ese sentido las escuelas regionales allí establecidas y fomentar explotaciones agrícolas adaptadas al medio. 

La industria del azúcar ha sufrido principalmente a causa de factores naturales: los cultivadores han buscado un nuevo tipo de caña que reemplazara a la criolla y se confía en los buenos resultados del plantío que se ha realizado en gran extensión, con caña de Java. 

La industria textil, cuyo desarrollo ha sido muy importante en los últimos años, debido en parte a la escasez de la importación, ha tenido grandes dificultades para surtirse de las materias primas como ser: lana, hilo y algodón. De ahí que los fabricantes hayan comenzado a emplear en los tejidos, fibras regeneradas o recortes inútiles para otras industrias. 

El papel, preocupa igualmente al gobierno en estos momentos de gran carestía y escasez y se estudia la posibilidad de emplear para su fabricación la fibra vegetal más conveniente de las que existen en el país, así como los residuos, en reemplazo de la celulosa química. 

Respondiendo a las exigencias del momento, y a las que deberán presentarse al finalizar la guerra, se procurará realizar la síntesis comercial e industrial del país, habiéndose publicado al efecto, las estadísticas de las provincias de Santa Fe, San Juan y Entre Ríos y preparándose las de Buenos Aires y territorios nacionales. 

No será menos importante para la orientación definitiva de nuestra política económica una “Legislación industrial” que de formas seguras y permanentes a las relaciones de derecho y reglamente las cuestiones emergentes de esta rama en la actividad, aprovechándose, para ello, la experiencia obtenida con la intensificación industrial de la República, producida en los dos últimos años de la guerra europea. 

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Será también necesario introducir serias modificaciones en el régimen de nuestro intercambio, realizado hasta hoy al amparo de tratados firmados por la República con otras naciones. 

Los tratados celebrados con diversos países, fueron, en su tiempo, adecuados a las necesidades de las épocas en que se dictaron; pero el incremento adquirido por el país, obliga a modificarlos en forma apropiada a las conveniencias modernas. 

El rigor de las medidas tomadas por los países europeos en guerra, ha traído el consiguiente desmedro del intercambio comercial. La curva de modificaciones de los años anteriores no ha hecho sino acentuarse en cuanto al cambio de procedencias, destinos, clases de mercaderías y valores. Algunas de las naciones a las que nos vinculaba más antiguo comercio, han sido reemplazadas por otras que se han afirmado en nuestro mercado. 

La disminución en la importación de algunos artículos es parcialmente sensible. El carbón de piedra, la arpillera, maquinarias, el hierro y los materiales de ferrocarril han dejado de entrar al país en 1916 en un 50 por ciento de los valores con relación al último año de paz, afirmándose, en cambio, la introducción de artículos correspondientes a los nuevos mercados, como ser las telas de seda y algodón, hilo, etc. 

La exportación de lana lavada, aguardiente, wolfram y vinos, que hasta 1913 no salían sino en pequeñas cantidades, han asumido proporciones considerables de buen augurio para el porvenir. Así la lana lavada, cuya cifra de exportación fue casi nula hasta 1913, alcanzó en 1916 el valor de 1.951.113 pesos oro y el mineral de wolfram que en 1913 llegaba a 53.575 pesos oro, alcanzó en 1916 la importante suma de 1.051.577 pesos oro. 

No han podido todavía palparse los efectos de la ley de cabotaje sancionada en 1910, que exigía como condiciones de su realización, la efectividad de primas a los constructores y empresarios cuando el estado del tesoro no lo permitía y, por otra parte, la reciprocidad de las naciones ribereñas. El Poder Ejecutivo, no obstante, entendiendo que mucho debe esperarse del movimiento de nuestras costas limítrofes, estudia la oportunidad y la forma de llegar a un acuerdo con el Paraguay, mientras queda a la espera de la ratificación del congreso el ya firmado con la República Oriental del Uruguayo 

Las operaciones de warrants realizadas por los establecimientos autorizados no han tenido durante el último año la importancia de 1915. En aquél se alcanzó en valores asignados a 24.407.779,81 pesos moneda nacional y sumas prestadas 12.912.380,20, mientras que en 1916 los valores asignados descendieron a pesos 7.659.805,14 moneda nacional y las sumas prestadas a 3.959.737,91 pesos. El hecho de ser menos utilizada esta ley se explica en el caso por la demanda extraordinaria de los productos que no permiten almacenamiento. 

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La tierra pública que constituyó la preocupación fundamental de los organizadores del país, originando leyes diversas, destinadas todas al fraccionamiento y a la distribución entre el mayor número, con el propósito de arraigar la población y abrir horizontes a las nuevas corrientes inmigratorias, ha sido administrada en forma que contraría la letra y el espíritu de la ley, perjudicando hondamente los intereses del estado y obstaculizando el desenvolvimiento futuro de los territorios. 

Compenetrado el Poder Ejecutivo de sus graves responsabilidades, suspendió desde el primer momento, todo otorgamiento de títulos y de arrendamientos, hasta conocer la forma y la naturaleza de las operaciones anteriormente realizadas. Descubrió así la existencia de graves irregularidades, que le decidieron a realizar una investigación extensa y minuciosa, exteriorizada en decretos que son conocidos. Se procedió así a rescatar la tierra ilegalmente enajenada, obrando en todo de acuerdo con las leyes en vigor y en nombre del interés público comprometido. Era una impostergable exigencia de reacción moral, en ejercicio de las reivindicaciones nacionales. [36] 

Burladas por los acaparadores las expresas disposiciones que prevenían la formación de latifundios, llegó la riqueza pública a sus manos, haciéndolos dueños de las mejores tierras de cada territorio. Así pudieron fracasar los altos propósitos sociales que la ley tuvo en cuenta al plantear un sistema de distribución que implicaba agregar al capital la población que es base esencial del progreso colectivo. La extensión de tierra que por efecto de esta intervención vuelve al dominio público alcanza a 2.000.000 de hectáreas, en un solo territorio, y ello no es sino una parte de lo que más adelante habrá de someterse a la misma medida. 

Las tierras así acaparadas, determinaron la existencia de multitud de pastores nómades que no consiguieron afirmar su arraigo en ningún punto del territorio. Sus gestiones infructuosas de otro tiempo, podrán ahora ser atendidas. En las mismas condiciones se encuentran los indígenas de esas comarcas, expuestos constantemente al desalojo; ellos fueron los primeros pobladores y su ocupación, a fuer de más antigua, debió ya consagrarse legalmente por título definitivo. 

Se ha resuelto, asimismo, el envío inmediato de expediciones para determinar el estado en que se halla la tierra fiscal y rescatar luego su ocupación, detentada por intrusos que la subarriendan privando así al erario de fuertes rentas. 

La entrega equitativa a los agricultores, y una sabia orientación de los inmigrantes en el sentido de proporcionarles informes y medios para su arraigo, son reformas que proyecta este gobierno y que han de contribuir poderosamente al aumento de la población y a la regularidad de las corrientes inmigratorias, una vez concluida la guerra. Piensa, asimismo, difundir el conocimiento del país entre masas agrícolas extranjeras que no han concurrido aún a este suelo, esperándose con ello obtener su concurso eficaz para nuestra industria esencial. 

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El Poder Ejecutivo entiende que es necesario iniciar la exploración del país en su triple aspecto: geológico, agrológico y forestal, y a ese objeto, de alta y necesaria información, se trabaja ya en la confección del mapa geológico-económico de la República, de importancia fundamental para el conocimiento de las riquezas de nuestro suelo por las bases fidedignas de apreciación que ofrecerá al capital y a la industria. Los trabajos de perforación que se complementan con el reconocimiento prolijo de las capas geológicas en profundidad, proporcionarán, a la vez, resultados prácticos inmediatos, proveyendo de agua a poblaciones enteras que carecen de ella por la desidia de los gobiernos. 

Las perforaciones darán el doble resultado de la exploración geológica que ha determinado descubrimientos como los de Comodoro Rivadavia y permitirán al gobierno la realización de uno de sus más grandes anhelos, suministrando el agua a regiones de nuestras provincias que no podrán desarrollar ninguna actividad productiva sin la abundancia de ese elemento. 

Con ese objeto el Poder Ejecutivo ha facilitado las máquinas perforadoras de que dispone, a los gobiernos de provincias y aun a los particulares, y está dispuesto a no ahorrar esfuerzo con el objeto de satisfacer esa exigencia impostergable. 

La provisión de combustible, ha sido otra de sus grandes preocupaciones. Ha concedido todos los medios a su alcance para exploraciones de las regiones carboníferas, y por la acción combinada de los departamentos de agricultura y obras públicas ha dado elementos de transporte para la leña, determinando así un aumento en las explotaciones y un alivio en las necesidades del combustible en las ciudades. 

La escasez de productos extranjeros ha dado un valor de actualidad al petróleo, no obstante ofrecer éste, en todo tiempo, un interés capital para las industrias y el erario. Las sociedades modernas tienden a independizarse industrialmente, y en ese sentido el país debe necesariamente imitarlas. El petróleo, si bien constituye el combustible más conveniente por los muchos y útiles subproductos que suministra, es también el que con mayor facilidad se extingue. Es, pues, indispensable la explotación en gran escala, pero el Poder Ejecutivo no cree -y debe advertirlo- que convenga por ahora encararla desde un punto de vista puramente financiero o de aprovechamiento intensivo. Considera que debe utilizarse para el desarrollo de las industrias nacionales, pero descartando la idea de acelerar la extracción para llegar a exportarlo. Esta riqueza es más útil al país, en estado de combustible, que transformada en valor metálico. Preferible es que los beneficios financieros no sean cuantiosos, y que este factor destinado a independizar las industrias y a abaratar los productos, no desaparezcan, obligando al país a adquirir su combustible en el exterior, como en la actualidad, sin que siempre dependa de su voluntad ni de sus medios conseguirlo. 

En estos momentos en que la producción no alcanza aún a satisfacer la demanda interna, el gobierno se esfuerza por intensificar en todo lo posible el rendimiento de la zona reservada y aumentar las exploraciones. Con los propios recursos de la explotación -no habiendo sido sancionado por vuestra honorabilidad el pedido de pesos 16.000.000 moneda nacional para ese objeto- ha dado impulso a las obras iniciadas y comenzado otras. Los pozos que antes ascendían a 17 suman ahora 36 y existen en perforación y montaje 19, que entrarán en explotación en poco tiempo. La producción que en el año 1916, alcanzó a 120.000 toneladas, llegará probablemente, basándose en la producción de los primeros cinco meses de este año a 200.000 toneladas por lo menos. El transporte será mejorado mediante los dos barcos petroleros encargados a, los Estados Unidos [37] y se estudia un medio de conducción distinto del actual y más conveniente, aplicado en otros países de explotación petrolífera adelantada. Igualmente se ha mejorado el servicio tan esencial de depósitos, en Comodoro Rivadavia, construyéndose dos tanques nuevos de 6.000 m3 cada uno y dos de 1.500 m3. 

El Poder Ejecutivo tiene a estudio una nueva legislación petrolífera adecuada a la excepcional producción que se ha de alcanzar con la intensificación de los trabajos. Pedirá en oportunidad a vuestra honorabilidad la sanción de un proyecto de ley que introduzca un régimen más amplio que el actual, destinado a fomentar la industria en todas las regiones del país donde las manifestaciones descubiertas puedan hacer pensar en existencias de yacimientos y garantizando a la vez la explotación y conservación de esta gran riqueza. 

OBRAS PÚBLICAS [38]

La importancia que para el desenvolvimiento de la Nación tiene la construcción de obras públicas, así como el gravamen que comportan, hace indispensable dejar bien deslindada la acción que el gobierno se propone desarrollar en tal sentido, haciendo un análisis de las condiciones y situación en que éstas se encontraban en el momento de iniciarse la nueva administración. 

En tal sentido preciso es reconocer que el conjunto de las obras, en ejecución unas, y sólo proyectadas otras, pero con fondos que les están afectados, representan compromisos muy superiores a la actual situación financiera del gobierno. Es cierto que algunas de esas obras responden a necesidades efectivas y apremiantes, pero habrá de reconocerse sin dificultad, que otras sólo están basadas en la apreciación más o menos discutible, de las necesidades actuales y que llevarlas a cabo importaría una inversión prematura de fondos, cuyos intereses habrán de pesar injustificadamente sobre el país, ya sea porque las obras ejecutadas lo han sido en forma tal que su costo efectivo representa en muchos casos el doble de lo que en realidad debió gastarse en una administración ordenada, ya porque siendo de aquellas que deben costearse con la retribución del servicio que prestan, estarán en desproporción con los recursos que tienen asignados, porque ni la producción, ni la población actual, justifican la posibilidad de que ellas proporcionen la renta correspondiente al capital invertido, fuera de todo criterio de buena administración. 

Es en presencia de estos hechos que el Poder Ejecutivo cree indispensable reducir en el mayor grado posible la ejecución de esas obras, apresurando la terminación de aquellas cuyo rendimiento alcance a servir el interés del capital invertido y postergando la ejecución de las que resulten onerosas por la forma en que han sido planeadas, para dedicar parte de esos recursos a nuevas obras de fomento, en las zonas del país susceptible de una mayor utilización de sus recursos naturales, en el sentido de su mejoramiento económico. Es así como las obras de los puertos de Mar del Plata, Quequén y varios ramales de las líneas del Estado, deberán o ser reducidas o postergadas, ya porque no es posible contar con que esas obras reditúen, o bien porque el interés principalmente de especulación privada o política que les informa, no debe primar en la actualidad, sobre la difícil situación financiera que afecta al país, en gran parte por las causas que dejo ligeramente enunciadas. 

Lo dicho respecto a las obras públicas directamente emprendidas por el Estado, es aplicable a las acordadas a los particulares, y en especial a las empresas ferroviarias. Existen en la actualidad, cerca de 20.000 kilómetros de nuevas líneas concedidas a empresas ferroviarias, con grandes capitales en explotación dentro del país, ya sea como vías auxiliares o ramales de las existentes, o bien a empresas o particulares que se inician en el negocio. 

Ahora bien, muchas de esas concesiones han caducado y el Poder Ejecutivo piensa que la guerra actual no ha sido siempre una causa suficiente para eximir a las empresas concesionarias de las obligaciones impuestas por la ley, desde que, si bien el mercado habitual del dinero en Europa les estaba cerrado, es público y notorio que capitales de otro origen se encontraban disponibles y que, por lo tanto, hubieran podido substituidos, lo que por lo menos habría proporcionado la ventaja de dar ocupación a la numerosa mano de obra que se encontraba disponible, y que era y sigue siendo por causas notorias, una de las exigencias más apremiantes de nuestra actualidad. 

Pero hay una razón más. Un ligero análisis del sistema ferroviario concedido demuestra que muchas de sus partes no responden a las verdaderas necesidades de las regiones que deben servir. Unas han tenido por finalidad el acaparamiento de las zonas, bien sea con fines especulativos, o bien con el objeto de evitar que otras líneas pudieran establecerse en ellas con fines de concurrencia. Otras han sido obtenidas con el único y exclusivo objeto de establecer una competencia a líneas ya existentes, buscando una venta lucrativa ya sea antes o después de su ejecución, lo que constituye operaciones en descrédito del país, desde que, en el mejor de los casos, es decir, que las líneas se realizaran, llevarían una existencia precaria, o bien darían origen a una concurrencia, de la cual sólo saldrán perdiendo los intereses generales, desde que, invariablemente, antes de arruinarse en una competencia de tarifas, las empresas concluyen siempre por ponerse de acuerdo, y es el público quien carga sin defensa posible con la remuneración de dos capitales en vez de uno. 

Otras líneas han sido acordadas en detrimento del desarrollo de la red ferroviaria del Estado, política que el Poder Ejecutivo actual entiende debe modificarse en absoluto, en beneficio de una parte importante de nuestra red ferroviaria, lo que bajo todo punto de vista es conveniente, pues en la red del Estado se encuentra el auxiliar más poderoso para regular las tarifas ferroviarias que no siempre encuentran en las leyes un regulador eficiente. 

Pero para ello, se hace indispensable que se fortifique su organismo dotándolo de ramales productivos que lo saquen de la vida precaria que actualmente lleva, que es tal, que ateniéndose a los principios de una contabilidad ferroviaria bien llevada, se traduce en el hecho de que las líneas del Estado están aún muy lejos de costear los gastos de explotación, lo cual constituye una verdadera anomalía que es preciso remediar cuanto antes, pues si bien es cierto que el Estado no debe lucrar, habrá de reconocerse que por lo menos deberá pagar por medio del transporte, una parte del interés de los capitales invertidos, lo que asegurará también la vida propia de las líneas sin tener que recurrir continuamente para sufragar los gastos de explotación a las ya recargadas rentas generales. 

Todo ello, ha constituido una política eficiente que el Poder Ejecutivo quiere remediar, a cuyo efecto el decreto de caducidad que vuestra honorabilidad conoce, era absolutamente indispensable. [39] 

A ese respecto debe hacerse notar todo el cuidado que debe tener el honorable congreso al acordar nuevas concesiones que pueden responder, como en varias de las declaradas caducas, sólo a fines de especulación, porque invariablemente resultarán verdaderamente perjudiciales a los bien entendidos intereses del país, cuando a su otorgamiento no haya precedido un estudio detenido de las zonas económicas, del sistema constructivo y régimen de explotación, aspirando a la mayor eficiencia en cada uno de sus servicios. 

Es así, cómo nuestra red ferroviaria en su parte más densa, sólo en casos excepcionales, podrá requerir líneas intermedias que, sin producir ventajas apreciables en la economía de los transportes transversales, provocarán una elevación de tarifas contra la cual hoy se clama, sin que sin embargo sea suficiente fuente de recursos para una remuneración normal de los capitales invertidos; y cuyo origen principal estriba en la poca densidad de nuestra población y reducida intensificación de nuestra producción. Es evitando esas líneas superfluas, es intensificando las zonas de producción, es facilitando el transporte transversal hoy elevadísimo -como consecuencia del deplorable estado de nuestros caminos- modificando los actuales o construyendo nuevos, o bien estableciendo ferrocarriles económicos y facilitando el establecimiento de líneas particulares que permitan la utilización de la línea en el mayor grado posible, es, en una palabra, poniendo en juego todos los medios para que los organismos ya creados estén en concordancia con las necesidades a satisfacer, como se logrará modificar las condiciones económicas del transporte de nuestro país, a la vez que se intensificará el tráfico de las líneas principales que permitirá cuanto antes llegar a la tan anhelada rebaja de tarifas. 

Y es consecuente en ese propósito que ha sido especial preocupación del Poder Ejecutivo el asunto de la cuenta capital de nuestras empresas ferroviarias, que se encontraba sin resolver desde el año 1911 a pesar de ser este asunto el eje de nuestra legislación sobre la materia en lo que a tarificación se refiere, El Poder Ejecutivo después de un meditado estudio dictará dentro de poco un decreto en el cual que darán establecidos con claridad, las normas y conceptos dentro de los cuales debe reconocerse a las empresas el capital, base de la intervención en las tarifas. [40] 

Es procediendo en esta forma, dentro del mayor respeto por el derecho acordado a las empresas por sus leyes de concesión, y que no deben coartarse si no se quiere inspirar desconfianza sobre la buena fe del país, es tratando de suprimir muchas de las anomalías que presenta nuestro actual sistema de tarificación, tales como las faltas de un clasificadora único y de tarifas de combinación, que el Poder Ejecutivo entiende encauzar la economía de los transportes dentro de normas de equidad y de justicia que son los fundamentos de nuestra legislación ferroviaria. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

HIPOLITO YRIGOYEN

NOTAS

[1] Se trata del mensaje “que da cuenta del estado general de la administración” (30 de junio de 1917), documento que se inserta a continuación del presente. 

[2] Se refiere a los proyectos elevados por el Poder Ejecutivo para aliviar la grave situación financiera: proyecto de consolidación de la deuda flotante y satisfacción de las obligaciones pendientes del Estado por medio de un empréstito de 250.000.000 de pesos oro; proyecto de gravamen temporario del 5 por ciento sobre el valor de los artículos en general y de los productos nacionales que se exporten, cuyo producido, calculado en 40.000.000 de pesos, se aplicará a la construcción de obras de utilidad general que al mismo tiempo procurará trabajo a los desocupados; emisión de títulos de la deuda interna por 100.000.000 de pesos para la constitución del Banco Agrícola Nacional, para la creación de la marina mercante nacional y para la explotación de los yacimientos petrolíferos de Comodoro Rivadavia. 

Para la aprobación de estos proyectos el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias. Frente a la pasividad del Congreso, los retiró clausurando las sesiones el 5 de marzo de 1917. 

[3] En el año 1917 la Unión Cívica Radical estaba representada en el Congreso de la Nación por los siguientes legisladores: Senado: José S. Crotto (Cap. Fed.), Leopoldo Melo (Entre Ríos), Martín M. Torino (Entre Ríos) y José Numa Soto (Corrientes). Los partidos conservadores tenían veinticinco representantes y el socialismo un senador, del Valle Iberlucea, Cámara de Diputados: Joaquín Castellanos, Tomás de Veyga, Tomás A. Le Breton, Benjamín Bonifacio, Vicente C. Gallo, Carlos F. Melo, Lauro Lagos, Víctor M. Molina, Fernando Saguier, Arturo Goyeneche, Leonardo Pereyra Iraola, Francisco A. Riú, Horacio B. Oyhanarte, Pedro Solanet, Delfor del Valle, Carlos M. Pradera, Ireneo D. Anquin, Nicasio Salas Oroño, Wenceslao C. Carranza, Jesús Vaca Narvaja, Carlos J. Rodríguez, José M. Salazar, Celestino J. Marcó, Juan Cruz Páiz, Gregorio E. Morán, Emilio Mihura, Martín Reibel, Juan V. Atensio, Perfecto Araya, Ricardo Caballero, Ricardo Aldao, José M. Zavalla, Domingo Frugoni Zavala, Jorge R. Rodríguez, José A. Montes, Diógenes Hernández, Néstor de Iriondo, Emilio Jerez, Santiago E. Corvalán, Octavio Cordero, Diógenes Aguirre, José Néstor Lencinas, Pedro L. Cornet, Martín E. Berho y Juan P. Acosta. En total, 45 diputados. Los partidos Conservador, Demócrata Progresista y Socialista tenían 70 representantes. Existían 5 vacantes. 

[4] El envío de este mensaje suscitó una amplia discusión en ambas ramas del Poder Legislativo. Es de particular interés hacer notar que por haber resuelto el Senado, por moción del senador por San Juan, Ángel D. Rojas, que quedara en la mesa de la presidencia para ser leído en la próxima Asamblea legislativa, no figura su texto en el diario de sesiones de ese cuerpo, encontrándose -caso sin precedentes- en el de la Cámara de Diputados (sesión del 4 de julio de 1917, págs, 460 y sigs.). Creemos interesante extractar algunos párrafos de los discursos pronunciados por el senador José C. Crotto y por el diputado Delfor del Valle, en los cuerpos de que formaban parte, frente a los debates provocados por el senador Benito Villanueva y diputados Mario Bravo y Rodolfo Moreno, respectivamente. 

El senador Crotto dijo: “No tengo inconveniente alguno, en que no se lea el mensaje del señor Presidente de la Nación, porque él es conocido por toda la opinión pública, y he de referirme simplemente a algunas de las palabras vertidas por el señor senador por Mendoza [Villanueva], que ha calificado al mensaje de documento extraño y anormal. 

En realidad, yo no lo encuentro ni extraño ni anormal. A mi modo de ver, el señor Presidente de la República no ha podido hablar de otra manera. Treinta años de lucha constante, en que ha estado empeñado el país. para conseguir la libertad electoral de que estaba privado, lo ha tenido siempre y continuamente al doctor Hipólito Yrigoyen al frente de las luchas cívicas, lo ha tenido constantemente en el terreno no ya eleccionario, sino en el terreno revolucionario, puesto que era tanta la presión que ejercían los poderes públicos constituidos de la Nación sobre el electorado, era tanta la falta de libertad que existía para que pudiera expresarse espontáneamente el pensamiento de todos los argentinos, que por fuerza, y debido a la presión que se ejercía, no se encontró más que un solo medio para quebrar esto: la revolución. 

Nuestras energías han estado, constantemente, orientadas en este terreno; lógicos hemos sido, desde que para nosotros los poderes constituidos que existían, no eran tales poderes; no eran el resultado de un sistema eleccionario libre en que se hubieran pulsado todas las manifestaciones populares, ¡no, señor! para nosotros no importaba sino un exponente del fraude. En consecuencia, hemos levantado una bandera reivindicatoria de las instituciones en contra del fraude, que existía en toda la República. 

La hicimos nuestra esa bandera y la llamamos la Unión Cívica Radical, y con ella hemos combatido el estado de cosas existente, tratando de destruirlo. 

Así se ha llegado al fin, y nosotros no podemos abjurar de este triunfo, ni podemos orientarnos de otra manera. 

En consecuencia, señor presidente, yo creo que el Presidente de la República ha hablado bien, cuando ha hablado; creo que ésa es la orientación nacional y conveniente; y que lo único que ha hecho es expresar la opinión de la mayoría de los argentinos.” 

Por su parte, el diputado del Valle expresó: 

“El señor diputado [Bravo] ha manifestado que el mensaje del Presidente de la Nación es un libelo. Yo desearía que el señor diputado me dijera dónde está el concepto del mensaje que califique tal calificación de libelo. Ya he leído detenidamente el mensaje en la parte política a que se refiere el señor diputado y no he encontrado sino la palabra sincera y valiente de un hombre que tiene la conciencia plena de su deber y de su misión. que se siente intérprete de la” voluntad popular que lo ha elegido y que, por consiguiente, debe hablar con la franqueza que le impone su condición y su investidura y debe deslindar completamente esas situaciones para no complicarse con los regímenes que han gobernado a la República. 

Decir que se considera el único hombre cuyo pensamiento no puede ser interpretado equivocadamente, es la expresión hornada de un ciudadano cuya vida íntegra y de luchador le da derecho a decirlo. Y si alguna cosa pudiera decirse de ese mensaje es que rompe con la tradicional simulación que casi todos los mensajes de los presidentes han encerrado, no diciendo la verdad al pueblo, no diciéndole la .verdad al Parlamento sobre la realidad de la situación del país y de sus intereses. Yo no quisiera, señor presidente, echar una mirada retrospectiva sobre la política argentina. No quisiera que mis palabras fueran interpretadas como pronunciadas con el propósito de inferir un agravio; pero yo digo, señor presidente, que cuando el Presidente de la Nación se refiere a un tercio de siglo de subversiones, de irregularidades y de transgresiones en el país, ha dicho la verdad y la historia ha de decir con justicia si fue o no verdadera su palabra. 

La opinión contemporánea, la opinión pública argentina, ha recibido este mensaje como la expresión más pura y grande de la verdad; ha recibido ese mensaje como una esperanza de verdadera reparación para las instituciones, y para el porvenir del país.” 

[5] Era Ministro el doctor Ramón Gómez. Su desempeño duró hasta abril de 1922, cuando fue reemplazado por el doctor Francisco Beiró. 

[6] Por primera vez en el país, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, consagró su propia voluntad, al elegir como primer magistrado de la Nación al doctor Hipólito Yrigoyen. Los resultados comiciales fueron los siguientes: Unión Cívica Radical: 372.810 votos (152 electores); Partido Conservador: 154.549(104 electores); Partido Demócrata Progresista: 140.443 (20 electores) y Partido Socialista: 56.107 (14 electores). El Radicalismo obtuvo el 63,24 % de los votos emitidos. 

[7] En dichos comicios, el Radicalismo tuvo que afrontar en la Provincia de Buenos Aires, al fraude dirigido por el gobernador Ugarte, que había hecho secuestrar alrededor de 50.000 libretas. Ante la gestión de la Unión Cívica. Radical, el Poder Ejecutivo Nacional había prometido entregar los duplicados. de las mismas a más de 30.000 ciudadanos que se habían presentado solicitándolas a las autoridades militares. Nuevamente el régimen no cumplió la palabra empeñada y el comicio de Buenos Aires fue viciado en su totalidad; perdiéndose los electores de dicho Estado. 

[8] Resuelto Yrigoyen a aceptar la legalidad de los poderes constituidos en el orden nacional, debía iniciar la política reparatoria con la caducidad de todos los poderes provinciales en el momento en que las circunstancias lo permitieran. Sólo en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, el sufragio había redimido la ciudadanía. Sin embargo, la primera intervención de su gobierno fue enviada a la Provincia de Entre Ríos (noviembre de 1916), en cumplimiento de la ley 10.070, votada por el Congreso antes de la asunción del mando por Yrigoyen. Tenía como fin, según la ley disponía, “asegurar el funcionamiento del Poder Legislativo y la elección de los senadores nacionales”. El Poder Ejecutivo nacional designó al doctor Joaquín S. de Anchorena, reemplazándolo el 18 de enero de 1917 por el doctor Diego Saavedra. Realizada el 26 de abril la elección de los senadores, ésta recayó en los doctores Martín M. Torino y Leopoldo Melo, ambos radicales, dándose por terminada la intervención. 

[9] Esta provincia fue intervenida por decreto de 24 de abril de 1917, a objeto de “reorganizar sus poderes conforme a las reglas y principios de las constituciones nacional y provincial”. Confióse el cargo de interventor a don José Luis Cantilo. 

[10] Con relación a los problemas obreros, es interesante recordar la actitud del Presidente Yrigoyen frente a la huelga marítima de fines de 1916. En plena huelga, la Federación Obrera Marítima aceptó el arbitraje del Presidente de la República, quien delegó el cargo de árbitro en el jefe de Policía de la Capital Federal, doctor Julio Moreno. Éste falló después de la vuelta al trabajo de los huelguistas. El laudo significó, según declaraciones de la propia F.O.M., la aceptación del 90 al 95 % de lo solicitado por los trabajadores. 

[11] Para desempeñar dicho Ministerio fue designado el doctor Carlos A. Becú, La primera modificación del Gabinete se produjo con su renuncia, el 30 de enero de 1917, encomendándose interinamente las funciones de Ministro de Relaciones Exteriores al titular de Agricultura, doctor Honorio Pueyrredón, quien atendió ambas carteras hasta que se hizo cargo definitivamente del Ministerio en setiembre de 1918. Ocupó esta función hasta la terminación del período presidencial. 

[12] 10 de abril de 1917. 

[13] Hundido en el Atlántico norte, el 4 de abril de 1917, después de haber obligado a la tripulación a hacer abandono del buque. 

[14] El gobierno estimó que el hundimiento constituía “una ofensa a la soberanía nacional”. 

[15] El 6 de junio fue torpedeada por un submarino alemán la barca velera “Oriana” a 38 millas del puerto francés de Tolón. Informado el gobierno argentino de que transportaba hierro y acero viejo, productos declarados contrabando de guerra, así como que la barca no podía considerarse como propiamente argentina, se abstuvo de hacer reclamaciones. 

[16] Hundido el 22 de junio, a los 35° 52’ Norte y 7° de longitud Oeste. La reclamación argentina logró éxito completo, tanto en este caso como en el anterior del “Monte Protegido”. Terminada la contienda, el gobierno alemán cumplió, el 21 de setiembre de 1921, el desagravio al pabellón argentino, en un acto severo e imponente, a bordo del acorazado “Hannover”, en Kiel. 

[17] “Para procurar entre las naciones americanas una inteligencia con motivo de la guerra, que cada día abarca mayor extensión del mundo. Y establecer vínculos cuya naturaleza cordial robustezca la situación y la figura de los estados americanos en el concierto general de las Naciones.” (Circular del gobierno argentino del 8 de mayo de 1917 al invitar a la Conferencia.) 

[18] Dicho Congreso de las Naciones Latinoamericanas, conocido primeramente como Congreso Latinoamericano de Neutrales, que hubo de realizarse en 1917, después en 1918, por su concepción es el más importante de los congresos americanos convocados después del de Panamá de 1826, para afirmar la inteligencia de los países de Ibero-América. Excluyó el “panamericanismo” oficial de los Estados Unidos, y fracasó por la oposición del gobierno de este país. 

El diputado Oyhanarte, en el debate del 24 y 25 de setiembre de 1917, sobre ruptura de relaciones con Alemania, dijo, refiriéndose al Congreso de neutrales: “La República Argentina ha definido su actitud frente a las naciones en guerra, y además, ha tenido un pensamiento directivo en lo que respecta a la solidaridad de los pueblos neutrales de América. 

El pensamiento de reunir un congreso de neutrales, pensamiento aceptado por todas las naciones de América que no han entrado en la conflagración, tiene una innegable trascendencia, y ya ha sido juzgado, puede decirse, por la mayor parte de las naciones europeas elogiosamente. El Congreso de los neutrales hará que la República Argentina no aparezca como una individualidad aislada, sino que conglomerará a su alrededor a todos los demás neutrales de América; define un pensamiento, una actitud y una voluntad que será tanto más significativa cuanto no será el pensamiento o la conducta aislada de una nación, por respetable que sea, sino de varias entidades americanas. Es muy posible que este congreso tenga ante el desenlace de la guerra mundial y ante las tramitaciones de la paz una grandiosa importancia...

Nuestra política internacional es, de hoy en más, para los pueblos de nuestro continente, de franca y solidaria fraternidad; han desaparecido felizmente, de todas las naciones de América, ciertas suspicacias y ciertos retraimientos que nos mantenían aislados de países que nos son solidariamente amigos. Con respecto a todas las naciones del mundo, debemos observar una actitud como hasta aquí, altiva y activa, hasta que la gravitación de los sucesos nos ordene seguir una conducta distinta, o nos marque embanderamos en la contienda.”

[19] Fue elevado al rango de embajador el ministro doctor Marcos M. Avellaneda. 

[20] Monseñor Alberto Vasallo de Terragrossa. 

[21] Titular de la cartera fue designado el doctor Domingo Salaberry. 

[22] 11 de diciembre de 1916 (ver nota 2). 

[23] Se enviaron al Congreso el 23 de junio los siguientes proyectos: Creación del Banco de la República y autorización para contraer un empréstito de 500 millones de pesos. 

[24] Doctor José S. Salinas. 

[25] El doctor Salinas recorrió personalmente los establecimientos penales para comprobar la precaria situación en que se encontraban. De regreso, dictó varias providencias por las cuales se habilitó un anexo en la cárcel de Santa Rosa y otro en la de General Acha. 

[26] Para evitar el hacinamiento de menores, su promiscuidad con los delincuentes habituales, se dispuso que la jefatura de Policía de la Capital, al detener a un menor, por cualquiera causa, evitara alojarlo en sus dependencias y lo remitiera directamente al Departamento de menores y abandonados. 

[27] La labor educativa dio resultados notables, como puede comprobarse por las siguientes estadísticas: 

Se fundaron 37 institutos secundarios y 12 escuelas de artes y oficios (ver nota 28). Fue tan notable el adelanto de la instrucción pública que el delegado argentino a la V Conferencia Panamericana, reunida en Santiago de Chile en 1923, llevó como un timbre de honor la proporción de los maestros de escuela, diciendo: “No quisiera enunciar cifras, pero algunas perfilan de tal modo las tendencias argentinas, que no me es dable omitirlas; por cada uno de los soldados que revistan en las filas, la Nación tiene dos maestros, dedicados a la enseñanza primaria”.

[28] Se crearon en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán San Luis, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza. 

[29] Don Elpidio González, hasta setiembre de 1918, siendo reemplazado por el doctor Julio Moreno. 

[30] Una de las preocupaciones provinciales fue el bienestar de los soldados conscriptos; a estos fines responden diversas resoluciones, como la de prohibir el recargo de instrucción como castigo. 

[31] Para garantizar la libertad de sufragio fueron enviadas fuerzas del ejército nacional a Córdoba y a San Juan, en enero de 1917. 

[32] Ingeniero Federico Álvarez de Toledo, hasta febrero de 1919. A partir de esta fecha, hasta febrero de 1921, desempeñose interinamente como Ministro de Guerra, el doctor Julio Moreno, y, desde entonces, el contralmirante Tomás Zurueta. 

[33] Fue el Ministerio que tuvo más modificaciones. Primeramente fue designado el doctor Honorio Pueyrredón ejerciéndolo hasta setiembre de 1918, y después, sucesivamente, el ingeniero Alfredo Demarchi, el doctor Eudoro Vargas Gómez y el doctor Carlos J. Rodríguez. 

[34] El 11 de diciembre de 1916 se pidió autorización al Congreso para invertir hasta 30.000.000 de pesos en fomentar la colonización mixta agrícola-ganadera. El Poder Ejecutivo insistió en vano el 29 de setiembre de 1919, en el mismo sentido. Estos proyectos acordaban a personas aptas, préstamos para construir casas-habitación, adquisición de animales y demás enseres agrícolas para la explotación de granjas. 

[35] En un proyecto enviado el 11 de diciembre de 1916, se estableció un impuesto del 5 % a la exportación, destinado a la compra de semillas y útiles. para el agricultor. Se insistió el 26 de diciembre del mismo año. Debido a que el Congreso no aprobaba la ley y esto implicaba la total paralización de la siembra, ante el hecho de que los colonos se hallaban totalmente agotados después de las terribles sequías de 1915 y 1916, el doctor Yrigoyen dispuso, en acuerdo de ministros, la adquisición de toda la semilla necesaria para la cosecha. 

[36] El 27 y 28 de marzo de 1917, habiendo estudiado la situación de la tierra pública, se expidió un decreto por el cual se declaraba la caducidad de las. concesiones indebidamente acordadas y se rescataba la tierra ilegalmente enajenada. 

[37] Se refiere al “Ingeniero Luis A. Huergo” y al “Aristóbulo del Valle” (designado con este nombre por decreto del 27 de febrero de 1917). 

[38] Doctor Pablo Torello. 

[39] Decreto del 2 de mayo de 1917, ampliado por otro del 26 del mismo mes, declarando la caducidad de las concesiones con plazos vencidos. Importaba alrededor de 10.000 kilómetros de vías (el 28 % de la red en explotación). El 20 de junio se envió un mensaje sugiriendo la conveniencia de que se demorase el estudio de varias solicitudes de prórroga de concesiones ferroviarias presentadas a las Cámaras. 

[40] Decreto del 10 de julio de 1919.